Pediremos responsabilidades políticas si se confirma que hubo irregularidades en el Patronato de Recaudación

Izquierda Unida ha pedido una reunión extraordinaria del Consejo Rector del Patronato de Recaudación para estudiar el auto judicial que apunta a posibles indicios de perjuicio para la administración por acciones u omisiones en relación a impuestos no cobrados.

Así lo ha anunciado hoy el portavoz de IU en Diputación, Guzmán Ahumada, tras conocer por los medios de comunicación que el Juzgado de Instrucción número 2 de Málaga ha dictado un auto para archivar las diligencias abiertas a raíz de una denuncia respecto a la actuación del Patronato de Recaudación Provincial en el cobro de impuestos que tiene encomendados por la Junta de Andalucía. A pesar del archivo de la causa, el propio auto señala una posible dejación de funciones por parte de directivos del Patronato y recomienda incluso establece sanciones en caso de que se confirmen. IU pide ahora la celebración de esta reunión en la que estén presentes, además de los grupos políticos que lo integran, los tres directivos nombrados en el auto, el gerente, la tesorera y el jefe de zona, así como la coordinadora, que fue la que dio la alarma. Se trata, Añade Ahumada, de conocer a fondo un auto que no se nos ha facilitado y si comprobamos que existe dejación de funciones por parte del Patronato, pedir responsabilidades políticas a su presidente, Francisco Salado.

Estas declaraciones las ha realizado el portavoz de IU durante la presentación de las mociones que la coalición defenderá en el pleno de Diputación, que se celebra mañana. Entre estas se encuentra la urgente para reclamar al ministerio de Fomento que reponga de manera inmediata la plantilla de la línea C1 de Cercanías que cubre el recorrido Málaga Fuengirola y que está causando innumerables problemas, retrasos y suspensiones por falta de maquinistas.

A raíz de las movilizaciones de los trabajadores y el apoyo político, el pasado sábado, Renfe anunciaba la llegada de cuatro nuevos maquinistas, lo que es insuficiente para solucionar los graves problemas que padece la línea más rentable de España en términos relativos. De hecho, el sindicato CC.OO. ha emitido un comunicado (que se adjunta) donde se señala que estas cuatro nuevas incorporaciones apenas suponen un tercio de las necesidades reales.

Por otra parte, IU defenderá mañana una moción para que Diputación ratifique sus compromisos con el municipio de Campillos tanto en lo que se refiere a aportar ayudas extraordinarias como a hacerse cargo del pago del 50 por ciento de la restitución de la tubería de majavea, que suministra el agua potable y que es de fibrocemento. En su moción, IU quiere que  se reclame a la Junta que ayude a la financiación del resto de la obra, siguiendo una PNL presentada por la coalición y aprobada en la Cámara Autonómica.

Y si el agua es un derecho humano, señaló Ahumada, la tercera moción que su grupo presenta también va encaminada a defender otros derechos, en este caso los de las personas dependientes. IU pide a Diputación que acuerde instar al Gobierno a que, como mínimo, se reviertan los recortes de 2012.

 

Impuestos sucesiones y subida del IVA

A preguntas de periodistas sobre la moción que presenta el PP para declarar a Málaga provincia libre de impuesto de sucesión, Ahumada ha asegurado que se trata de “una acción de cara a la galería, con fines electoralistas, y llena de mentiras y engaños”. El portavoz de IU afirma que el PP está “criminalizando” los impuestos de carácter progresivo,  que solo paga un porcentaje muy bajo de la población.  Ahumada se pregunta por qué no hizo lo mismo la formación que lidera en Málaga Elías Bendodo cuando su partido subió el IVA del 18 al 21 por ciento, que, además, es un impuesto que sí tienen que pagar todos los ciudadanos, “todos los días y a todas horas, por que grava el consumo”.  El líder de IU reclamó también al PP que explique claramente a los ciudadanos que si se elimina dicho impuesto, “que pagan los que más recursos tienen”, sólo quedan dos opciones: aumentar otros impuestos que pague el conjunto de la ciudadanía o dejar de prestar los servicios básicos de Educación , Sanidad, etc

 

 


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