El PSOE ha permitido que la empresa privada chantajee a la Junta con la Sanidad

El partido socialista ha permitido que la Junta no tenga capacidad para sostener por sí sola el sistema universal de sanidad, apoyándose en los conciertos con clínicas privadas y ha dejado que algunas de ellas “nos hagan chantaje” , ha revelado esta mañana el coordinador provincial de Izquierda Unida, Guzmán Ahumada.

El líder provincial, junto al parlamentario andaluz, José Antonio Castro, y la diputada nacional, Eva García Sempere, han dado a conocer esta mañana una resolución de un expediente sancionador de la agencia de Defensa de la Competencia contra la firma que gestiona las clínicas Pascual, en el que se afirma que dicha sociedad habría obtenido unos beneficios ilícitos de más de 164 millones de euros en toda la Comunidad (http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/Resoluci%C3%B3n%20S-01-2018.pdf)

 

“Los recortes y la falta de inversión genera posicionamiento de dominio en zonas de Andalucía y también en cartera de servicios, como ocurre en Málaga”, señala Ahumada. “Esta dependencia permite a los usureros chantajear a la Junta de Andalucía, como se ve en este informe”.

El coordinador provincial ha pedido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que revierta la situación, ya que, según los datos, el gasto que se está trasladando a la privada es mayor que el coste de inversión que habría que hacer en la publica.

 

La resolución de la Agencia de la Competencia a Clínica Pascual viene revelar una “situación dramática de la sanidad andaluza que también tiene sus consecuencias en Málaga”, comenta Castro.

El parlamentario andaluz ha explicado que se abrió expediente por dos prácticas irregulares después de que en los tres hospitales de Pascual en la provincia de Cádiz, la empresa diera unilateralmente terminado el concierto en 2014 y exigió al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que siguiera utilizando sus servicios y “según sus propias condiciones”. Dos años más tarde, la Junta lo denunció a la Agencia de la Competencia y esta concluido que Pascual ha tenido un beneficio ilícito 164 millones. Cabe destacar, que en aquel proceso unilateral entre 2014 y 2015, Pascual exigió a la Junta de Andalucía la enajenación del hospital comarcal del Guadalhorce, pasarlo a titularidad privada e incluirlo en el paquete de conciertos, “lo que, afortunadamente, la Junta no acepto”.

Castro ha acusado al gobierno andaluz de provocar “una situación de locos, permitiendo la situación de dominio en Andalucía, haciendo que sólo el sector privado pueda prestar esos servicios. Un trasvase de dinero público al sector privado que no sería necesario. Ha multiplicado por cuatro la inversión sanitaria debido a los conciertos que no siempre hacían falta”.

 

Málaga cuenta con seis hospitales públicos frente a los 27 privados, tres de los cuales tienen conciertos con la Junta de Andalucía. El parlamentario andaluz ha anunciado una batería de iniciativas para que se informe de todos los contratos, facturación, cartera de servicios y necesidades”.

 

Los dirigentes de IU ha calificado de ridícula la sanción impuesta a Clínicas Pascual, ya que ha sido de 11 millones de euros, cuando sólo los beneficios ilícitos superan con creces esta cantidad.

 

061 y Salud Responde cuestan un 25 por ciento más en manos privadas

En la rueda de prensa ofrecida esta mañana, se ha presentado también una serie de iniciativas que ha registrado el grupo parlamentario de IU a petición de la plataforma Marea Blanca de Málaga (se adjunta).

Asimismo, Castro ha anunciado que se presentará una moción para que los servicios telefónicos de 061 y Salud Responde sean prestados directamente por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), una vez que haya vencido el contrato.

 

Hace unos dos años, el Parlamento aprobó que estos dos servicios volvieran a manos públicas, pero “hizo caso omiso” y volvió a privatizarlos, “a pesar de que algunas de las empresas que los gestionan han tenido graves problemas contra los derechos laborales”, explica Castro. “Esto supondría un ahorro del 25 por ciento del coste que actualmente destinamos. No entendemos cómo la Junta prefiere incrementar el coste para hacerlo a través de un servicio privado, que no dignifica la situación de sus trabajadores y fundamentalmente trabajadoras”.